¿Porque la información es el oro del siglo XXI?

Recibimos noticia de que Linked In duplicó su valor en el “estreno” de las redes sociales en su public offering en la bolsa de Nueva York. La red social debutó con un alza en 109,44% en su primer día hace ya un poco mas de un mes.

Este incremento es explicado en los valiosos “assets” que posee la compañía que son no más que los 100 millones de usuarios de los cuales tiene gran cantidad de información personal y calificada, pues el fuerte de la compañía son las interrelaciones profesionales de los 100 o mas usuarios que está sumando en estos momentos.

Los ciudadanos tenemos que ser conscientes que al habernos internado en el mundo de la economía FREE propuesta por Chris Anderson debíamos saber que con algo tendríamos que pagar el servicio, pero pocos imaginamos que fuera a ser con la información personal.

Tendremos que tener políticas de privacidad claras y hechas para el ciudadano común, como una política exigida por parte de los consumidores y ciudadanos digitales en este tipo de plataformas.
La EFF plantea como una necesidad y un derecho poder mantener el anonimato de nuestras direcciones IP que ya en anteriores comentarios en esta misma plataforma habríamos controvertido como prueba no idónea para determinar responsabilidad de infracción de copyrights.

Las sanciones que resulten en el copyright, además de ser inconvenientes serán impopulares y caerán en el desuso y en la total hostilidad por parte de los ciudadanos digitales jóvenes y adultos responsables.

El asunto en los datos no es más alentador pues con la naturaleza de internet y las grandes posibilidades de contrabando de datos por personas inescrupulosas en una dinámica donde vamos entregándolo todo sin mayores reparos es una cuestión sobre la cual debemos debatir en casa y también dentro de nuestras organizaciones y empresas.

En otra arista completamente contraria se debe encontrar la información pública. Teniendo al ciudadano y su ámbito personal como última frontera en materia de privacidad, debemos propender por un acceso totalmente libre a la información que sea de carácter público. Sea de gestión o sobre que tipo de información reposa en las entidades del gobierno respecto de nosotros. La gestión debe ser evaluada en ventanas visibles para la ciudadanía. Debemos poder determinar sobre cómo y en que se están invirtiendo nuestros recursos. Que decisiones políticas han sido implementadas en oposición a un programa de gobierno donde se ha generado el mandato respecto a la gestión en nuestras democracias representativas.

Sabemos de iniciativas por aprovechar la totalidad del espacio público para determinar que hacen o dejan de hacer las personas en un marco de la seguridad como máximo bien. Estas iniciativas que buscan criminalizar la protesta como la norma promulgada desde el ministerio del interior, que se ha manifestado restrictivo y ultraderechista al punto de ser comparable al de Londoño Hoyos en el primer gobierno de ocho años.

La iniciativa aprobada y que no ha encontrado debída opocisión por parte de los ciudadanos digitales dice lo siguiente en el artículo 353A : “El que por medios ilícitos obstaculice, de manera temporal o permanente, selectiva o general, las vías o la infraestructura de transporte de tal forma que afecte el orden público o la movilidad, incurrirá en prisión de cuatro a ocho años y multa de trece a setenta y cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes”.

Ahora examinemos esta imagen en el marco del movimiento del
15 M que a todos nos ha inquietado mucho en una seguidilla del primer mundo a la denominada Primavera Árabe. Ahora bien acorde a la medida aprobada en la cámara y presta a conciliación en el senado podría utilizar bien tecnologías de la información para sancionar a los parados Colombianos, que de algún momento se sumaran a las muchas manifestaciones no autorizadas en nuestro país.

En la disputa grosera que estamos presenciando en este fín de semana entre el ex presidente Uribe y el Ministro del Interior Vargas Lleras, estamos vislumbrando una disputa al interior del poder político reinante en este país que se corroe a sí mismo en su mar de corrupción.

Para saber,  con más claridad que nuestros mecanismos de administración del Estado o bien conocidas “instituciones” y concluir que se encuentran viciadas, no es más que examinar a este par y sacar conclusiones.  Uribe se encuentra acosado al punto que su coalición política se encuentra en la cárcel o huyendo de la justicia, acosado además entre otras cosas por los problemas de una corrupción jamás vista en administración alguna y acusado además de presunta responsabilidad en comisión de delitos de lesa humanidad.

En este panorama debemos propender por una mayor transparencia en la gestión pública en vez de estar promulgando leyes como ley lleras o iniciativas represivas como toda la agenda del ministro Vargas Lleras y al que la era de la información le demostrará que no se tolerarán más desajustes entre la democracia real y una democracia representativa viciada y corrupta.

Debemos hacer ver esto a nuestros políticos profesionales. Mandatarios nuestros en nuestro contrato de representación ante las “instituciones” y que o bien enderezan el rumbo o nos paramos, o presentamos propuestas alternativas de representación directa mediante células o nodos de juntas de acción comunal que determinen las prioridades en sus áreas de influencia y estas mismas a su vez controladas por sus miembros en una reponsabilidad que conllevaría este ejercicio político.

La responsabilidad política o de gestión bajo este modelo de nodos no recaerá bajo ningúna persona sino que deberá recaeren un cuerpo colectivo. Pero jamás se logrará llegar allá si no logramos poner en cintura a nuestros “mandatarios”.

La protesta en red ha sido encapsulada en delito y en posíble terrorismo. Los gobiernos del mundo lo han determinado así en vez de mirarse a sí mismos como unos organos viciados que necesitan ser controlados y limpiados por la misma sociedad que no tolera más corrupción y exclusión en una economía incapaz de incluir. Posiciones como la que vivimos en Colombia donde se penaliza el derecho a protestar lleva al ciudadano común a que no le quede  más que apoyar iniciativas como anonymous, donde se hace valer el derecho desde la anonimidad.

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Acerca de sergioaovalle

Abogado, especialista en propiedad intelectual y derechos de autor. Investigador en privacidad, derecho comparado y comercial. Amante de la libre cultura, revolucionario y melómano.
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